martes, 10 de noviembre de 2026
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Residuos y Economía Circular

SMA fiscaliza importadores de neumáticos en cinco regiones por incumplimientos en reciclaje

La Superintendencia del Medio Ambiente desplegó fiscalizaciones simultáneas en regiones de Coquimbo a Los Lagos para verificar el cumplimiento de la Ley REP en neumáticos.

Redacción Medio Ambiente Chile|Residuos y Economía Circular|

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) ejecutó un operativo de fiscalización simultáneo en al menos cinco regiones del país para verificar si las empresas importadoras de neumáticos cumplen con sus obligaciones de reciclaje bajo la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor. La acción coordinada revela una nueva etapa en la aplicación de la normativa ambiental chilena: del diseño regulatorio a la vigilancia efectiva en terreno.

Un operativo nacional que abarca desde Coquimbo hasta Los Lagos

Las fiscalizaciones se desarrollaron de forma paralela en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. La cobertura geográfica no es casual. Estas regiones concentran puntos de ingreso, distribución y comercialización de neumáticos importados, lo que las convierte en eslabones críticos de la cadena de cumplimiento de la Ley REP. La SMA, organismo fiscalizador dependiente del Ministerio del Medio Ambiente, actuó como eje central del operativo, verificando si las empresas importadoras acreditan los sistemas de gestión que exige la norma para garantizar que los neumáticos al final de su vida útil sean recolectados y valorizados.

¿Qué obliga la Ley REP y dónde pueden estar las fallas?

La Ley N°20.920 de Responsabilidad Extendida del Productor obliga a los importadores y fabricantes de productos prioritarios —entre ellos los neumáticos— a hacerse cargo del ciclo completo del residuo que generan. En la práctica, esto implica contratar sistemas de gestión certificados, reportar metas de recolección y demostrar que los neumáticos fuera de uso son efectivamente reciclados o valorizados energéticamente. Los incumplimientos pueden ir desde la ausencia de contratos con gestores autorizados hasta la falta de reportes verificables ante la SMA. Las sanciones contempladas en la ley incluyen multas y, en casos graves, la inhabilitación para operar.

  • Obligación de recolección: Los importadores deben alcanzar metas anuales de recolección de neumáticos usados definidas por decreto.
  • Sistema de gestión: Deben adherirse o constituir un sistema colectivo o individual autorizado por la SMA.
  • Reporte de cumplimiento: Están obligados a presentar datos verificables sobre toneladas recolectadas y valorizadas.
  • Trazabilidad: Los neumáticos recolectados deben tener destino acreditado en gestores certificados por la autoridad.
  • Sanción por incumplimiento: La SMA puede aplicar multas escalonadas según la gravedad y reiteración de la falta.

Chile y el desafío de los residuos especiales que nadie quiere ver

Los neumáticos fuera de uso representan uno de los residuos más problemáticos del país. No se degradan, ocupan grandes volúmenes y cuando se acumulan de forma ilegal —en sitios eriazos, quebradas o bordes de camino— se convierten en focos de incendio y criaderos de vectores sanitarios. Chile importa anualmente millones de unidades, y aunque la Ley REP lleva años vigente para este sector, la brecha entre la norma escrita y el cumplimiento real ha sido históricamente amplia. La fiscalización simultánea en cinco regiones sugiere que la SMA está priorizando este residuo como caso de aplicación intensiva, posiblemente ante evidencia de tasas de cumplimiento insuficientes entre los importadores.

Lo que viene

Los resultados de este operativo multirregional determinarán si la SMA inicia procesos sancionatorios formales contra las empresas detectadas con incumplimientos. Si los hallazgos son significativos, es probable que el Ministerio del Medio Ambiente refuerce los decretos de metas para neumáticos en el próximo ciclo regulatorio, elevando los porcentajes mínimos de recolección exigidos. Para las empresas importadoras, la señal es concreta: la fase de tolerancia está cerrando. La fiscalización descentralizada —que ya no se concentra solo en la Región Metropolitana— indica que la SMA tiene capacidad de vigilancia territorial real, y que ninguna región queda fuera del radar regulatorio.

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